Cada pilar tiene un peso específico en la fórmula del Índice WG y se descompone en variables medibles con escala de 1 a 7. La nota de cada variable se sustenta en evidencia objetiva, no en declaraciones.
Mide la capacidad real de la comunidad para detectar, disuadir y responder a amenazas, así como la calidad del control de acceso y la inteligencia operacional sobre el flujo de personas. No evalúa la presencia de equipamiento, sino la capacidad efectiva del sistema bajo escenarios reales.
Mide la capacidad real de la comunidad para operar con el modelo más eficiente posible, capturando los ahorros estructurales que la digitalización y los nuevos modelos operativos hacen posibles. Es donde se materializa el retorno económico del proceso de certificación.
No mide la intención de la administración, sino su capacidad demostrada de ejecutar protocolos con disciplina sostenida. Se divide en dos subpilares porque las responsabilidades son distintas: lo que depende del administrador (protocolos, mantención, riesgos del edificio) y lo que depende del comité (reglamento, gobernanza de gastos, continuidad y seguros).
Mide la calidad de vida cotidiana de quienes habitan la comunidad. Combina encuesta estructurada (60%) con indicadores objetivos (40%), evitando depender solo de la opinión subjetiva o solo de métricas operacionales que pueden verse bien sin que la experiencia real lo sea.
Mide la autonomía total del flujo logístico, desde el momento en que el repartidor llega hasta que el residente retira. Aunque tiene el menor peso individual, es el pilar de mayor impacto operacional cotidiano: mal gestionado, satura la portería, distrae al personal de tareas críticas y degrada la experiencia del residente.